La jefa de compras de Almeida al juez: “No recibí orden de contratar a Medina y Luceño”

Elena Collado, coordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, ha declarado este viernes como testigo en el procedimiento que investiga la presunta estafa en los contratos de material sanitario.  Según ha podido saber OKDIARIO, la testigo ha asegurado al juez Adolfo Carretero que nunca recibió la orden para contratar al duque de Feria, Luis Medina, y al empresario Alberto Luceño. De esta manera, desmonta la falsa acusación de los partidos de izquierda que pretenden atribuir al gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida el supuesto delito de tráfico de influencias. Un tipo penal que el juez y el fiscal ni contemplan ni han investigado a lo largo de la instrucción.

Fuentes consultadas por este periódico aseguran que PSOE, Más Mádrid y el Grupo Mixto, personados en la causa, han formulado preguntas «impertinentes» que han sido irremediablemente rechazadas por el juez. La jefa de Compras de Almeida ha estado durante más de cuatro horas de pie respondiendo a las preguntas realizadas por la oposición.

El PSOE, Podemos y el Grupo Mixto han utilizado esta causa judicial para emprender una campaña de acoso y derribo contra Almeida. Tanto es así que solicitaron al instructor la imputación de la testigo Collado, una pretensión que no fue respaldada ni por la Fiscalía ni por el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid.

Ni malversación

El juez negó en su auto de citación que Collado conociera a Medina y Luceño, investigados en esta causa. «No consta que percibiese dinero alguno de los mismos, sino más bien lo contrario, pues fue engañada por los comisionistas, quienes le ocultaron que inflaron el precio de una forma desmesurada». En el escrito, de 5 páginas, el juez Adolfo Carretero desmontó uno por uno los delitos que tanto PSOE, como Podemos y el Grupo Mixto achacan a la responsable de compras del Ayuntamiento de Madrid. Así, descartó también el delito de prevaricación administrativa y el de malversación.

Sobre el primero de ellos, el instructor señaló que la firma de los contratos en nombre de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios «no es una resolución en sí misma ni tampoco arbitraria», condiciones necesarias para imputar este delito. «Tampoco las presuntas irregularidades cometidas por Elena Collado al no seguir las directrices de la comunicación constituirían un delito de prevaricación administrativa, pues fueron subsanadas al darse la información y la documentación disponible al Consejo de Administración de la Funeraria, sin que ningún miembro del mismo hiciese objeción alguna», argumentó el juez Carretero.

Por último, respecto al delito de malversación, el auto aclaró que no existe «ninguna prueba» de que Collado se apropiara de dinero público o de que permitiese que Medina y Luceño lo hicieran.

Anticorrupción

Callado ha ratificado ante el juez Carretero su declaración en la Fiscalía Anticorrupción que tuvo lugar hace un año. Entonces, la testigo se puso a disposición del Ministerio Público para todo lo que fuera necesario, tanto en su explicación de los hechos de los que tenía conocimiento como en cualquier documentación que pudiese aportar. Anticorrupción llegó a requerir mails, contratos y, en definitiva, todo el expediente administrativo de la operación que ahora investiga un juzgado madrileño para dilucidar si los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño inflaron el coste de material sanitario con comisiones millonarias.

La declaración de Collado duró poco menos de una hora y, durante la misma, el fiscal le preguntó por el papel de Luceño, el empresario que contactó con el Ayuntamiento por mail y con el que ésta encargada municipal negoció la compra de un millón de mascarillas, guantes de nitrilo y test anticovid. El fiscal preguntó: «¿Cuál es el interés de Alberto Luceño en esta operación? Es decir, ¿qué se llevaba él de esta operación?», a lo que Collado respondió: «Yo entendía que quería de verdad ayudar a Madrid, había tanta gente ayudando, donando… que yo lo metí en el mismo saco. Y es que, además, luego donaron 20o.000 mascarillas».

El fiscal Luis Rodríguez prosiguió intentando aclarar el papel de Luceño y formula una nueva pregunta: «¿Él decía: me voy a llevar tanto dinero porque soy comisionista, porque soy intermediario o porque las fábricas son mías o el producto es mío?». Collado explicó que sabía que las fábricas en China no eran suyas pero que «entendía que sí eran fábricas con las que habitualmente trabajaba». «Jamás me dijo… si oigo la palabra comisión lo pongo inmediatamente en conocimiento de la Policía», declaró, rotunda, la jefa municipal de compras, encargada en esas fechas por Martínez-Almeida de adquirir material sanitario. Collado añadió en un momento de la declaración que Luceño «no dio ninguna explicación sobre comisiones».